La crisis sanitaria que ha provocado la rápida expansión del la COVID-19 en España, que ya se ha cobrado la vida de más de 22.500 personas, está teniendo como protagonista involuntario a las redes sociales. La propagación de fake news crece a la par que se incrementa la polémica por las prácticas de Gobierno y oposición en relación a las redes sociales.

La influencia que tienen las redes sociales entre la población está más que demostrada y las cifras de usuarios que las utilizan como medio de información es cada vez más relevante. No hay que olvidar que, por ejemplo, Twitter cuenta en España con más de 4,4 millones de usuarios y Facebook continúa siendo la red social preferida como más de 22 millones de usuarios. Éstas están siendo utilizadas por los ciudadanos para mostrar su opinión sobre cómo se está gestionando una crisis sanitaria que arroja cifras como más de 219.000 contagiados y más de 22.500 fallecidos y que ha provocado que ya llevemos 42 días confinados, pero también para difundir bulos o noticias falsas, algo que se está denunciando tanto desde el Gobierno como desde la oposición.

Polémica por la propagación de fake news

Si se repasa lo ocurrido en las últimas semanas, se puede decir que la utilización de las redes sociales preocupa, y mucho, a los líderes políticos españoles. Es más, el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos ha acusado a partidos de la oposición de utilizar las redes sociales para expandir bulos o fake news sobre su gestión de la pandemia, con el objetivo de desestabilizar al Ejecutivo. El propio Pedro Sánchez acusó a Vox de difundir bulos el pasado 9 de abril, durante la sesión del Congreso en el que se debatía la ampliación del estado de alarma. “Quiero dirigirme a usted y a los millares de bots que trabajan para usted en las redes sociales».

Desde el Gobierno se ha reiterado que se trabaja para luchar contra la propagación de noticias falsas. El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que “los bulos y la desinformación son los grandes aliados de la enfermedad”, mientras que Isabel Celáa, Ministra de Educación, destacó que “no podemos aceptar que haya mensajes negativos, en definitiva, falsos” que “van en contra de los criterios científicos y la credibilidad de las instituciones públicas”.

Según Grande-Marlaska, el pasado 13 de marzo, un día antes de que el estado de alarma entrase en vigor, se creó “el dispositivo DEC-COVID19 como un mecanismo extraordinario de ciberseguridad, que detecta e informa de posibles amenazas que una vez evaluadas se remiten a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que se investiguen y se actúen con todas las garantías del Estado de Derecho».

Por su parte, desde la oposición se apunta a que ciertas prácticas que está realizando el Gobierno podrían tener como fin acallar las críticas a la gestión de la pandemia, y en algunos casos se habla de censura.  Partidos como PP, Vox o Ciudadanos se basan en las declaraciones que realizó de José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, en las que aseguraba que la benemérita trabajaba para identificar noticias falsas y bulos “susceptibles de provocar estrés social y desafección a instituciones del Gobierno”. Grande-Marlaska aseguró, horas más tarde, que José Manuel Santiago había tenido “un lapsus”, pero un mensaje de correo electrónico enviado por la Jefatura del Estado Mayor de la Guardia Civil a las comandancias y unidades del Instituto Armado cuestiona esta versión.

Cuándo es delito difundir noticias falsas

Lo cierto es que la crisis del coronavirus ha provocado un aumento de las fake news. Así se desprende de un informe de ePrensa, que recoge El Economista. Entre febrero de 2019 y enero de 2020 se publicaron en España una media diaria de 170 noticias sobre las fake news. Entre febrero y marzo de este año, esa media creció hasta las 253 noticias al día, lo que supone un incremento del 33%.

Pero, ¿cuándo es delito difundir noticias falsas? Según los expertos legales de DAS Seguros, puede ser delito la difusión de información no cierta “que persiga el daño sobre la imagen o reputación de una persona o entidad”, es decir, cuando colisiona con los derechos de otras personas. En tales casos, “esta difusión puede suponer la comisión o bien delito de injurias, cuando intencionadamente se menoscaba la fama o reputación de otra persona, o bien de delito de calumnia, cuando se ha imputado a otra persona un delito, con conocimiento de su falsedad, y/o temerario desprecio hacia la verdad”.